Información

El Artículo 13 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, dispone que las entidades que integran la Administración Local estarán obligadas a disponer de un sistema interno de información en los términos previstos en esta ley, incluidas los organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración pública, así como aquellas otras asociaciones y corporaciones en las que participen Administraciones y organismos públicos.

¿Qué es la Oficina Andaluza Antifraude?

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, también llamada Oficina Andaluza Antifraude, fue creada por la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante.

La Oficina es una entidad de derecho público, adscrita al Parlamento de Andalucía, que actúa con plena autonomía e independencia y sus fines son prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que perjudique los intereses públicos de Andalucía.

La actividad de la Oficina Andaluza Antifraude se centra fundamentalmente en los siguientes ámbitos:

 

Prevenir

Para atajar el fraude y la corrupción no resultan suficientes las medidas únicamente represoras, sino que es necesaria la construcción de una nueva cultura de la gestión pública basada en la integridad. Por ello, la Oficina desarrolla una labor de prevención que busca fomentar e impulsar la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública.

 

Dispensar protección

¿Necesita protección? ¿Ha sido víctima de una represalia por denunciar ante la Oficina? Le ofrecemos ayuda y asesoramiento jurídico.

 

Sancionar a Altos Cargos

La Oficina puede sancionar a los Altos Cargos que incumplen la normativa de incompatibilidades o cuando cometen infracciones de gestión económica y presupuestaria.

 

Investigar e inspeccionar

La Oficina tramita denuncias relacionadas con el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en perjuicio de los intereses públicos andaluces.

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